Berenice Sierra
Recientemente, los disturbios que sacudieron Tepontla, en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, han generado una creciente preocupación en la comunidad. Las manifestaciones de violencia no parecen ser fruto de una casualidad, sino parte de un panorama político tenso que cada vez toma más forma. Fuentes cercanas a los hechos han apuntado a Leonardo Cuatlayolt como uno de los principales responsables, quien, según los informes, habría actuado para respaldar a Lucio Cuatlayolt en un contexto marcado por intereses políticos en juego.
Pero, además de estos nombres, circulan otras figuras involucradas en la situación, destacando a Roxana Luna y Bladimir Luna. A través de redes sociales se ha especulado sobre su posible implicación en la creación de grupos de choque, quienes habrían recibido pagos de hasta 1,500 pesos para agitar las manifestaciones y aumentar el caos. Esta estrategia, de acuerdo con las versiones que circulan, respondería al descontento de ciertos sectores ante los recientes resultados electorales.
Este panorama deja en evidencia la creciente desconfianza hacia el gobierno local y la opacidad de las decisiones que se toman tras bambalinas. Mientras los ciudadanos piden respuestas, se plantea una pregunta clave: ¿hasta qué punto la lucha por el poder está dispuesta a llevar a los actores políticos en busca de sus objetivos, sin importar el costo para la comunidad?
