Por: Berenice Sierra
Habitantes de diversas comunidades de la región cholulteca desmintieron categóricamente al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien recientemente declaró que la empresa ProFaj no ha podido avanzar en la remediación del relleno sanitario de Cholula debido a la supuesta oposición de los pueblos. En respuesta, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua acusó al mandatario de tergiversar los hechos y de proteger a intereses empresariales por encima del bienestar comunitario y ambiental.
En un comunicado difundido este lunes, la organización detalló que fue precisamente la presión de las comunidades lo que logró el cierre del sitio, luego de años de denuncias por contaminación del suelo, el agua y el aire. También señalaron que han exigido de forma reiterada la remediación integral del terreno, y como prueba de ello, compartieron la minuta firmada el pasado 5 de mayo con el Director General de Delegaciones del Gobierno del Estado, en la que se acordó iniciar trabajos como el relleno del socavón, la instalación de infraestructura para el control de lixiviados y el retiro de maquinaria del sitio.
La controversia creció tras revelarse que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aprobó un plan de cierre propuesto por ProFaj que contempla el ingreso de 30 mil toneladas adicionales de basura al lugar. Según las comunidades, esta medida no solo representa una contradicción, sino un riesgo grave, ya que el basurero ha rebasado su capacidad, carece de geomembrana en más de tres hectáreas, y sus lixiviados continúan filtrándose al subsuelo, amenazando los mantos acuíferos.
“¿Cómo es posible que, como medida de remediación, pretendan meter más basura?”, cuestionaron los representantes de los pueblos en su pronunciamiento. Añadieron que el relleno de la zona afectada debería hacerse con tierra o tepetate, y no con residuos, lo cual —afirman— obedece a intereses económicos de la empresa.
En este contexto, los pueblos de Cholula reiteraron su exigencia de respeto a la decisión tomada en asamblea el 14 de mayo de 2024, donde se determinó de forma colectiva: “ni un kilo más de basura al basurero de la muerte”.
Hasta el momento, ni el gobernador ni la Profepa han ofrecido una aclaración pública frente a las acusaciones. Las comunidades, por su parte, advirtieron que permanecerán en alerta y no descartan nuevas movilizaciones si las autoridades no cumplen con los compromisos adquiridos.
