Jaime López
Integrantes de Cholultecas Unidos en Resistencia acusaron que no fueron invitados a las mesas de trabajo en Puebla para la conformación de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Dichas mesas comenzaron este 28 de agosto en San Miguel Canoa, junta auxiliar de la capital poblana, demarcación a la que acudieron habitantes de San Andrés Cholula, así como de Santa María Zacatepec.
Ahí, expusieron que las consultas para la nueva legislación son presuntamente una «simulación», en las que no se toman en cuenta las demandas o necesidades de las comunidades originarias.
Una de las personas inconformes leyó un comunicado en el que manifestó que básicamente los siguen tratando como «niños chiquitos», incapaces de decidir que les afecta y que no, o de permitirles ejercer sus derechos.
Sostuvo que los pueblos cholultecas existen desde hace más de cuatro mil años y dijo que se ha dado prioridad a la imposición de proyectos inmobiliarios de empresas como grupo Proyecta coludidas con autoridades municipales, estatales y federales.
Por otro lado, consideraron que una ley tan extensa no puede reducirse a una mesa de cinco o seis horas, en donde no se alcanza a leer, analizar y discutir una ley tan compleja de 453 artículos.
«Eso es un trabajo que requiere mucho tiempo para su analisis y entendimiento, requerimos de especialistas en derecho indígena de nuestra plena confianza que nos expliquen el contenido, los alcances de la ley, sus limitaciones y contradicciones. Y eso no lo vamos a obtener en un día, en esta simulación de consulta», declararon.
Enlistaron los puntos de la ley con los que no están de acuerdo y con los que sí, siendo parte del primer grupo que se tengan que registrar en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que les reconozcan sus derechos, violando su derecho de autoadscripción.
Asimismo, rechazaron que dicho instituto y la Secretaría de Gobernación sean las que determinen qué le afecta a un pueblo indígena para que proceda la consulta o no.
Acerca de los puntos con los que sí están de acuerdo destacaron el que se reconozca el derecho al libre consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas en proyectos que les afecten de manera significativa.
