Jaime López
La agrupación Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac), pionera en periodismo independiente y de investigación con perspectiva de género, manifestó su preocupación por el mal trato ejercido por autoridades de la presidencia auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula, contra comunicadores y comunicadores regionales de Cholollan Radio.
Ello en virtud de que el pasado 30 de noviembre no les permitieron ingresar a la Casa de Asistencia Social, en donde realizan sus transmisiones o programas radiofónicos.
Cimac hizo un llamado a las autoridades de San Bernardino Tlaxcalancingo para que garanticen a los periodistas locales su pleno derecho a informar y a defender su territorio.
Igualmente, recordaron que Míriam Vargas, fundadora de Cholollan Radio, ya fue víctima en meses pasados de una campana digital de desprestigio por parte de páginas afines a servidores públicos de la región.
A eso suma que la ciudadana en cuestión también denunció vigilancia policial en su domicilio y probables actos de intimidación.
«Desde CIMAC reiteramos que la protección efectiva, así como el respeto irrestricto al derecho a defender derechos humanos y a la defensa del territorio, son condiciones indispensables para garantizar un ejercicio libre y seguro del periodismo comunitario en México. Por ello, hacemos un llamado a: las autoridades locales de Tlaxcalancingo, a fin de que cesen cualquier acción que limite el trabajo de Cholollan Radio y garanticen el pleno respeto a su derecho a informar y a defender el territorio», expresó mediante un comunicado.
Es oportuno agregar que el actual presidente auxiliar de Tlaxcalancingo, Ramón Coyotl Flores, y sus regidores, ya sostuvieron un diálogo con integrantes de la radio comunitaria, en el cual no se lograron grandes acuerdos.
Los servidores públicos en cuestión argumentaron que el 30 de noviembre no se les abrió la puerta a comunicadoras de la radio debido a que el vigilante ya había pedido permiso para irse a otro lugar. Asimismo, acusaron una presunta falta de pagos por parte de las y los periodistas regionales.
