Jaime López
San Andrés y San Pedro Cholula son de los 38 municipios del estado de Puebla que cuentan con un Atlas de Riesgos para identificar las zonas de mayor peligro en caso de distintos fenómenos naturales o para prevenir accidentes en caso de construir desarrollos inmobiliarios o viviendas.
Así lo revela un estudio reciente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
Por lo que respecta a la demarcación actualmente comandada por Guadalupe Cuautle Torres, Protección Civil hizo su última actualización al documento en cuestión en 2022, es decir, hace más de dos años.
Mientras que, en el caso del municipio gobernado por Tonantzin Fernández Díaz, su Atlas de Riesgos fue renovado en 2015, es decir, hace más de una década.
Según lo indicado por la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla en su artículo 30 fracción VI, se establece que el Atlas de Riesgos Estatal debe actualizarse anualmente, al igual que los respectivos atlas municipales, esto último con base en el artículo 63 fracción IX de la mencionada ley.
Derivado de lo anterior, el estudio del Igavim demuestra un ligero rezago en la actualización de ese documento no solamente en las Cholulas, sino en la mayoría de la entidad poblana.
De hecho, a nivel nacional, Puebla es de las 21 entidades federativas con más deficiencias en los avances de sus Atlas de Riesgos.
Ahora bien, en el caso de Santa Isabel Cholula, es una de las 179 demarcaciones del estado sin ese documento.
De acuerdo con el Igavim, cuando un municipio no cuenta con su Atlas de Riesgo, es necesario que la información publicada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) la utilice de manera preliminar, para analizar los riesgos en su territorio y defina los criterios de actuación preventivos iniciales, ya sea, para analizar un proyecto, expedir permisos o realizar una obra.
También es necesario que los reglamentos de construcción y/o el reglamento de la materia vaya de la mano con lo indicado por el Atlas de Riesgo, el Programa de Desarrollo Urbano, las NOM’s y los criterios de impacto social y ambiental, con la finalidad de mejorar la planeación urbana y rural.
